Toda la Verdad

 La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 25 de abril de 1990, fue una de las primeras resoluciones tomadas por el Presidente Patricio Aylwin en el ámbito de derechos humanos. Marcó un importante paso entre el primer gobierno democrático de transición y el régimen autoritario que rigió Chile durante los 17 años anteriores.

 Por decreto del Ministro de Justicia, y para “clarificar toda la verdad acerca de las más graves violaciones a los derechos humanos”, se creó esta Comisión de ocho miembros, encabezada por el abogado Raúl Rettig. La creación de la Comisión provocó de inmediato las aprehensiones de las Fuerzas Armadas y de quienes las apoyaban.

“Queremos conocer toda la verdad”, insistió Sergio Onofre Jarpa, presidente del partido derechista Renovación Nacional y ex Ministro durante el régimen militar. Asimismo, otros partidos de derecha manifestaron sus dudas sobre la capacidad de la Comisión de mantener una “objetividad histórica”.

Las primeras tensiones se hicieron evidentes durante el primer mes de existencia de la Comisión, cuando el Mayor del Ejército, General Jorge Ballerino, bajo expresas órdenes de su Comandante en Jefe, Augusto Pinochet, visitó a Rettig para manifestarle la preocupación del Ejército de que el trabajo de la Comisión fuera utilizado por sectores políticos deseosos de desprestigiar a las Fuerzas Armadas y al Ejército en particular. El Ejército además advirtió, a través de Ballerino, que la Comisión podría eventualmente sobrepasar su misión legal al asumir un trabajo que propiamente pertenecía a la Corte.

El nuevo gobierno percibió estas advertencias del Ejército como un cuestionamiento indirecto a la autoridad del presidente de la nación. Aylwin citó al Comandante en jefe a una audiencia en La Moneda para que éste respondiera por su inaceptable intromisión en la esfera política.

Ante esto, Pinochet declaró su voluntad de cooperar, mientras el gobierno reiteró públicamente que la Comisión no tenía poderes judiciales en absoluto, y que entregaría directamente a las cortes los nombres de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos.

También expresaron sus dudas los familiares de las víctimas y grupos afines. A su juicio, la decisión de la Comisión de tratar “las más graves violaciones a los derechos humanos” – lo cual abarcaba solamente aquellas violaciones que terminaran en muerte – era demasiado limitado. Sin embargo, la inclusión de la Comisión de los casos de muertes o supuestas muertes a consecuencia de otras violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones ilegales, tortura y desaparición de personas, apaciguó hasta cierta medida las aprehensiones de este sector.

Los Testimonios

Una vez superado los obstáculos iniciales, la Comisión se preparó para la primera ronda de testimonios. Durante el mes de junio de 1990, miles de personas se presentaron a las oficinas santiaguinas de la Comisión, y muchas más lo hicieron entre julio y septiembre, cuando los representantes de la Comisión viajaron a las regiones. Al menos un miembro de la Comisión, además de un abogado, un asistente social y otro miembro de planta, estaba presente en cada entrevista, las que en promedio duraban alrededor de una hora.

La Comisión recibió listados de víctimas elaborados por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos, mientras la Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos, quienes llegaron juntos a las oficinas de la Comisión, relataron a los miembros de ésta las historias de sus hijos, esposos o padres. Sobrevivientes de la tortura y la detención se agruparon para documentar los crímenes cometidos en “La Venda Sexy”, Villa Grimaldi, Cuatro Alamos, Tejas Verdes, y otros centros de prisión y tortura. Estos hombres y mujeres – algunos de los cuales recordaban los nombres de sus torturadores y la suerte que corrieron compañeros de prisión desaparecidos – fueron importantes testigos. Otro testimonio clave sobre varios casos de detenidos-desaparecidos fue el de una informante arrepentida, la ex miembro del Partido Socialista Luz Arce Sandoval, quien después de sufrir graves torturas en 1974, se convirtió en colaboradora de la DINA, la policía secreta del régimen.

En tres ocasiones, el ex jefe de la DINA Manuel Contreras fue citado a declarar, declinando a hacerlo en cada ocasión.

Aunque la Comisión carecía de toda autoridad judicial, estaba investida del poder de acceder a documentos y récords. La Comisión requirió los …