Marco Ideológico del Régimen Militar
Esta sección examina la forma en que las Fuerzas Armadas chilenas justificaron el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y el subsiguiente régimen militar que duró casi 17 años, caracterizado por su política de terrorismo de estado.
Justificación del golpe militar
Doctrina de Seguridad Nacional
Terrorismo del estado
La transformación de la estructura y funciones del Estado
Justificación del golpe militar
El golpe militar del 11 de septiembre ocurrió dentro del marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, doctrina que constituye una visión castrense de la seguridad nacional y que fue la base de la imposición de regímenes militares en toda América Latina.
En un comienzo, para justificar su intervención, las Fuerzas Armadas declararon que estaban reinstaurando la paz en un país donde predominaba el caos político y económico. Asimismo, plantearon la existencia de un supuesto “Plan Zeta,” una operación marxista programada por miembros del gobierno chileno, incluyendo al presidente Salvador Allende, cuyo objetivo habría sido eliminar la cúpula de las instituciones castrenses.
Bandos Número Cinco y Seis
El mismo 11 de septiembre de 1973, la Junta militar, a través del Bando Número 5, explicó que el propósito del golpe de estado era “restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, la tranquilidad y seguridad perdidas”.
Efectivamente, según las interpretaciones posteriores, los enormes cambios sociales que tuvieron lugar incluso antes del gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) dieron lugar a una profunda crisis política en el país, y a una marcada polarización de los sectores que representaban opuestos intereses económicos.
Según los autores del libro “Por la fuerza sin la razón: Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar”:
“Es cierto que el país enfrentaba una crisis política de envergadura caracterizada por la descomposición del capitalismo sin su reemplazo por un modelo coherente y eficiente, la fragmentación del aparato de Estado y la polarización política… El gobierno (de la Unidad Popular) no contaba con la mayoría política para realizar su programa y la minoría de derecha opositora defendía por todos los medios sus privilegios buscando derrocar al gobierno legítimo…”
El texto continúa: “Sin embargo, la salida extra institucional no era inevitable y si lo hubiera sido, debía haber sido precisamente para mantener la legitimidad de las instituciones y autoridades democráticas”.
Asimismo, el Bando Número 6, detalló que: “las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, reitera al pueblo de Chile… su decisión inquebrantada de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al Gobierno marxista”.
Este bando también declaró que: “(…) la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad y en defensa de la mayoría absoluta que repudia el marxismo…”,
y describió esta “lucha” como:
“un movimiento militar de liberación nacional, contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo”.
El “Plan Z”
Pocos días después del golpe militar, la nueva Junta militar anunció el descubrimiento del “Plan Zeta”, “un autogolpe marxista”, que pretendía asesinar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Según la Junta militar, los involucrados en el Plan Z habrían estado importando armas desde la Unión Soviética y Cuba, con el fin de utilizarlas para eliminar a militares. De hecho, el “Plan Z” fue utilizado como el fundamento legal para un gran número de los Consejos de Guerra dirigidos por los militares en contra civiles miembros de partidos políticos de izquierda o simpatizantes de este sector político, realizados a comienzos de la dictadura.
Al respecto, Orlando Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa del gobierno de la Unidad Popular al momento del golpe militar – quien fuera asesinado en 1976 por la DINA en Washington – expresó lo siguiente:
“Para justificar o intentar legitimizar la masacre y la traición, se inventó primero el Plan Zeta. Según declaraciones oficiales de la Junta, consistía en el asesinato masivo de oficiales de las Fuerzas Armadas el día que en Santiago se esperaba llevar a cabo la revista Militar preparatoria de 1973, que antecede a la llamada Parada Militar, que se efectúa en Chile el 19 de septiembre.
(…) Nunca, no obstante las campañas publicitarias que la Junta hacía a través de todos los medios de información que controla, y a pesar de los numerosos interrogatorios a que fui sometido, nunca se atrevieron a preguntarme si yo sabía algo siquiera del Plan Zeta. (…) Sin embargo, con el argumento del Plan Zeta y la propaganda desplegada contra la opinión pública se pretendió, en los primeros meses siguientes al golpe, legitimar y justificar el asalto al poder y la muerte de miles de chilenos.”
El supuesto Plan Z, era emblemático de la Doctrina de Seguridad Nacional, ya que constituía sólo una faceta de esta doctrina.
La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)
En Chile se implantó el modelo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) como la base ideológica del golpe militar. Pero Chile no fue el único país sud americano de hacer esto; de hecho, la DSN se aplicó a través del continente, entre otros, Brasil, Argentina y Uruguay, y constituyó, como ya se ha dicho, una visión castrense de la seguridad nacional que fue la base de la imposición de regímenes militares en todo el continente de América Latina.
Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional?
La DSN aparece en la década de los sesenta, y constituye la inovación teórica militar contemporánea de mayor impacto político en América Latina.
La DSN:
– Implicó una concepción social global desde un enfoque primordialmente militar.
– Militarizó el concepto de seguridad nacional.
“La conclusión principal que se puede sacar de la formulación de la DSN en América Latina es que ésta fue, ante todo, un planteamiento ideológico y político, operacionalizado en la práctica de los golpes de Estado y formulado desde el punto de vista de una racionalidad eminentemente militar. Como tal no tuvo mayor importancia en el desarrollo institucional militar.”
“Antes, por el contrario, lo desvirtuó. Sí tuvo importancia, y bastante, en el aspecto político. Sus efectos de distorsión sobre las instituciones militares fueron profundamente negativos puesto que alteraron los cánones profesionales y desviaron los principios castrenses hacia otras funciones ajenas al quehacer militar. Las fuerzas armadas del continente se vieron envueltas en un proceso degenerativo”.
(del libro “La memoria y el olvido. Detenidos desaparecidos en Chile”. Elías Padilla)
La DSN y la influencia de los Estados Unidos
La DSN, cuyo principal objetivo era la lucha en contra el surgimiento de movimientos sociales y focos guerrilleros en América Latina – que presentaban una alternativa política al modelo de capitalismo promovido por los Estados Unidos – fue la expresión más acabada del papel militar latinoamericano en esta confrontación, liderada por EE.UU.
La revolución cubana de 1959 constituyó el elemento que proporcionó proyección a la formulación de la DSN. El proceso cubano influyó sobre los movimientos sociales de América Latina en la forma de un mayor radicalismo de parte de la izquierda de ese continente. Frente a esta situación, la DSN aportó elementos ideológicos y claves para combatir a la “subversión” y al “enemigo interno” a través de una “guerra” interna.
Ideología política
La guerra fría, surgida en un comienzo de la bipolaridad política e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, marcó un inicio de la competencia e influencia del control estratégico de las grandes áreas geográficas del mundo.
El miedo al comunismo manifestado por Estados Unidos, provocó una reacción que causó la aparición del llamado “estado de Seguridad Nacional”. Se crearon los organismos estadounidenses del Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia que otorgaron a esa nación un nuevo papel de control político en el mundo.
Dentro de este marco, se consideró a la Unión Soviética y al comunismo o marxismo como los principales enemigos y promotores de las guerras anticolonialistas, y de los procesos de cambio social incipientes. En 1954, en la Conferencia Panamericana de Caracas se condenó el comunismo por primera vez de manera explícita y se acusó al “aventurerismo” comunista como la causa principal de la “inestabilidad” de la región.
En su libro “Violaciones a los derechos humanos e informática: La experiencia chilena,” Patricia Orellana cita a Augusto Pinochet y sus opiniones acerca del comunismo internacional:
“En esta lucha, Rusia se aprovecha de todo lo que pueda ser útil para producir un cambio en la conducción política del país y poder así retomar lo que perdió en 1973. No importan los medios, importa el fin…. La guerra fría iniciada por Rusia en 1973 en contra de Chile ha sido a todo nivel a un costo que no se conoce en la historia de la humanidad, pues son millones de dólares que esta superpotencia ha empleado en contra de un pequeño pero valiente país”.
También se identificó la pobreza como un factor importante de inestabilidad política. Dentro de este marco surge la Alianza para el Progreso, movimiento político encabezado en Chile por el Partido Demócrata Cristiano, cuyo fin era aliviar las condiciones de pobreza existentes dentro del país, pero sin iniciar una revolución socialista. Este proceso se describía como la “revolución desde arriba”. También surgieron programas de contrainsurgencia contra la subversión. Por otra parte, se frenaron los procesos políticos de carácter reformista y se atentó contra los gobiernos considerados progresistas.
Estrategia militar
Durante la década de los sesenta y setenta, los EE.UU. comenzó a aplicar en América Latina la estrategia de “contención”. El concepto fundamental de dicha política era la disuasión en contra el marxismo. Para “disuadir” se requería una alta capacidad militar y la incorporación de los aliados regionales en la cruzada mundial contra el comunismo. La “guerra revolucionaria” se concretó como la estrategia del comunismo y el “enemigo interno” como la amenaza principal.
Intervencionismo político
La gran mayoría de los golpes de estado e intervenciones militares del siglo XX en América Latina han sido apoyados o avalados directa o indirectamente por los gobiernos de los EE.UU. (lea extracto de “Killing Hope. US Military and CIA Interventions ….por William Blum)
Con la aparición de la DSN, la intervención de los EE.UU. se hizo más evidente, como lo demuestran los golpes militares de Brasil en 1964 y Chile 1973. De hecho, se consideró a Brasil, Argentina y en menor grado, a Chile, como los países en los cuales se originó y desarrolló la DSN.
School of the Americas (SOA) – Escuela de las Américas
Esta escuela de entrenamiento militar pertenece a las Fuerzas Armadas de los EE.UU., y está ubicada en Panama. Ofrece entrenamiento para militares latinoamericanos, en las áreas de combate, contrainsurgencia, y en la lucha contra los narcotraficantes.
Entre los graduados de la SOA cuentan líderes y dictadores militares responsables por atroces violaciones a los derechos humanos, como: Manuel Noriega y Omar Torrijos de Panamá, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola de Argentina, Juan Velasco Alvarado de Perú, Guillermo Rodríguez del Ecuador y Hugo Banzer Suárez de Bolivia.
Un gran número de militares chilenos involucrados en la violación de derechos humanos entre 1973 y 1990, pasaron por la SOA. Según estudios, uno de cada siete altos cargos de la DINA se capacitaron en la SOA, entre ellos Luis Alberto Medina Aldea, Armando Fernando Larios, Miguel Krasnoff Marchenko y Guillermo Salinas y Jaime Lepe Orellana.(visite el sitio de School of the Americas Watch)
La DSN en Chile
La implantación del modelo teórico de la DSN en Chile significó una importante transformación de la estructura y rol del Estado, que, aplicando la DSN, actúa como el medio a través del cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de Chile.
En otras palabras, la utilización de la máquina del Estado para generar represión y terror en una escala masiva en Chile comenzó con el advenimiento del régimen militar el 11 de septiembre de 1973, cuyas agencias represivas identificaron como sus blancos a la izquierda chilena y cualquier opositor de su régimen.
El terrorismo de Estado
Según expone Elías Padilla en su libro “La Memoria y el olvido: Detenidos Desaparecidos en Chile”:
“El terrorismo de Estado constituye el aspecto más notorio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, traducido en un total desconocimiento del derecho a la vida y de la libertad personal, en torturas y desaparecimientos cometidos con el alegado motivo de la lucha contra la subversión. La honda ilegitimidad que suponen las distintas características de la ideología de la seguridad nacional, conducen a sus adeptos y ejecutores prevalidos del poder total, a una situación de hipocresía y clandestinidad (…) Adoptan el sigilo, la nocturnidad, el ataque por sorpresa, las prácticas delictivas; la infracción del propio orden jurídico que en las horas de la luz dicen defender y que, en todo caso no se atreven a suprimir… El tríptico que caracteriza la ideología del terrorismo de Estado es: secreto, clandestinidad e impunidad”.
Violencia institucionalizada y planificada
Los siguientes extractos del libro “Persona, Estado, Poder: Estudios sobre Salud Mental, Chile 1973 – 1989,” – publicado por CODEPU, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo – entregan una visión breve pero integral, de las más importantes características de la Doctrina de Seguridad Nacional, y cómo su aplicación se ve reflejada en la conducta del estado chileno bajo el control de las Fuerzas Armadas.
“No es posible creer que la aplicación de prácticas de violencia es cuestión de “psicópatas”, porque, si bien algunos dictadores pueden presentar ciertos rasgos de esta índole … la instauración del Terrorismo de Estado obedece a una planificación, a una estrategia elaborada en las entrañas mismas de los Estados Unidos e implementada por las Fuerzas Armadas criollas y la burguesía, el gran capital nacional y transnacional.
De este modo, y con un fin concreto, se establece la violencia y se levanta el terror como una institución del (…) régimen chileno. El terror deviene una conducta incorporada al aparato del Estado y destinada a garantizar la estabilidad y permanencia de la dictadura (…)
Es evidente que la aplicación de la violencia y el terror había sido planificada aún antes del Gobierno de la UP.
En 1975 se conoció en detalle el informe de la “Comisión Church” para el Senado norteamericano, el cual relata en los más ínfimos detalles todas las acciones destinadas a impedir la asunción al poder de Salvador Allende, y luego contribuir a su derrocamiento así como los recursos entregados a la derecha y a los partidos opositores para la propaganda, la compra de material subversivo, la organización de bandas paramilitares. Este informe da cuenta también de las acciones de violencia y terror planificadas para la desestabilización del Gobierno de la UP y de la forma en que se manipuló el miedo para despertar la violencia de una derecha económica amenazada en sus intereses (…)
Al estudiar los métodos usados en la Guerra Total contra la Subversión y el Enemigo Interno, quedó al descubierto toda la planificación y aplicación de la DSN. El nuevo Estado de la Contrainsurgencia fue revelado hasta los más mínimos detalles. Los profesionales de la guerra psicológica y militar se mostraron y se demuestran al desnudo para quien los quiera ver. Quedó claro, igualmente, que la aplicación en Chile de los métodos de la guerra antisubversiva era la síntesis de las prácticas aplicadas por todos los países imperialistas en sus procesos históricos de sometimiento de los pueblos.
Pero, en el caso de Chile la aplicación de la violencia y el terrorismo por parte del gobierno dictatorial no sólo fue local, sino que rápidamente traspasó las fronteras para transformarse en terrorismo internacional: los asesinatos de Orlando Letelier en Estados Unidos y del General Prats en Argentina, el atentado a Bernardo Leighton y su mujer en Italia, además de varios intentos de asesinatos.
El régimen necesitaba, además, clasificar a la población, dividir a los chilenos, marcar la frontera entre los ciudadanos catalogados en primera, segunda, tercera clase, según su grado de adhesión al poder dictatorial. Era necesario perseguir, eliminar y destruir a “marxistas”, “rojos”, “subversivos”, “dementes”, “enemigos internos”, para así salvar la tranquilidad y el orden.
Durante esos primeros tiempos los conceptos de Estado de Guerra y de enemigo permitían justificar la violación de todos los derechos y entre ellos el más fundamental: el derecho a la vida. Pero con el correr de los años el Gobierno, por los obstáculos internos y sobre todo por los internacionales, debió cambiar parcialmente el concepto de guerra permanente por el de lucha contra el terrorismo y definitivamente el concepto de enemigo por el de terrorista.
Estos conceptos permiten a la dictadura sanear y legitimar su imagen interna e internacional y, por otra parte, asegurar los mecanismos legales por los cuales queda con las manos libres para ejercer en ciertos casos la facultad última de disponer de la vida de sus opositores. Ahora es contra el terrorista ante el cual todo es posible y permitido.
Más grave aún, es el propio gobierno dictatorial quien define quien es o no es terrorista… los chilenos opositores no sólo han perdido sus derechos, sino han sido rebajados en la escala humana para transformarse en ‘humanoides’, ante cuya muerte no cabe condolerse, sino al contrario, cabe felicitarse, pues su fin, su exterminio, su eliminación definitiva garantiza que “Chile pueda seguir creciendo en orden y paz”.
Hemos concluido:
– Que el causante de la violencia siempre es un ser humano que forma parte de un sistema caracterizado fundamentalmente por el sometimiento de una clase a otra.
– Que los gobiernos dictatoriales defienden intereses que no pueden sustentarse de existir un sistema democrático y de imperar un Estado de Derecho.
– Que la acción de violencia sin límites es fría y racionalmente planificada para alcanzar los objetivos buscados por los grupos o individuos que detentan el poder.
– Que estas acciones violentas comprenden, entre otras: las ejecuciones sumarias, la tortura individual en recinto secreto, la tortura masiva practicada a la vista de todos para paralizar mediante el terror, la persecución y expulsión del país, el acoso y el hostigo permanentes que obliga al exilio como única forma de sobrevida, los desaparecimientos forzosos de personas, la ejecución en el curso de falsos enfrentamientos, el asesinato cuidadosamente planificado y ejecutado para escapar a cualquier investigación o los asesinatos ampliamente difundidos por la prensa oficialista como crímenes sin carácter político.
– Que todo lo anterior va siempre precedido y acompañado de grados variables de marginalidad social, cultural, jurídica y política de la inmensa mayoría de la población”.
La transformación de la estructura y funciones del Estado
Del libro “La memoria y el olvido. Detenidos desaparecidos en Chile”. Elías Padilla Ballesteros:
Dentro del marco de la DSN, las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo, la sociedad civil y el rol del estado chileno en el área económica y social experimentaron transformaciones significativas.
Además se lleva a cabo el fortalecimiento y continuidad en el tiempo de una dictadura personalista. Augusto Pinochet detentó el poder casi 17 años, la mayor parte de ellos como “Presidente de la República”, después de que el título le fuera concedido por sus pares jefes de la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros el 17 de septiembre de 1974, un año después del golpe militar.
1. Autolegitimación
Las FF.AA. chilenas se otorgaron el rol de garantes y salvadores de la nación y de los valores permanentes establecidos en la tradición.
– Se autolegitimaron como los guardianes de la seguridad del Estado, frente al peligro externo, el “enemigo interno” y a la situación de crisis política e institucional.
– El Estado dejó de ser neutro y asumió oficialmente una doctrina, un proyecto y una política que se planteó como metas el establecimiento de objetivos nacionales.
– La “lucha contra el marxismo y la construcción de la grandeza nacional” pasó a ser la autolegitimación fundamental del régimen militar. (Pinochet, 1997, del libro “La memoria y el olvido”. Elías Padilla)
“… frente al marxismo convertido en agresión permanente, será imperioso confiar el poder a las FF.AA. y de Orden, pues sólo ellas disponen de la organización, de los medios necesarios para hacerles frente… Para enfrentar la acción del enemigo hay que establecer regímenes fuertes que puedan, además neutralizar a los que permiten actuar”.
Acta Institucional Nº2, 1976:
“… las FF.AA. y de orden, en cumplimiento de su deber esencial de resguardar la soberanía de la nación y los valores superiores y permanentes de la chilenidad a justo y legítimo requerimiento de aquella, asumieron el 11 de septiembre de 1973, la conducción de la República con el fin de preservar la identidad histórica, cultural de la Patria y de reconstruir su grandeza espiritual y material”.
2. La concentración del poder en el Ejecutivo
El Poder ejecutivo es responsable de la conducción estatal, que en este caso asume de forma exclusiva y monopólica la plenitud del poder, anulando la separación dentro los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Mediante los Decretos Leyes Nº 1 y Nº 128 de 1973, la Junta Militar tiene las potestades constituyente y legislativa, y el Presidente de la Junta la potestad ejecutiva. Estas potestades serán por tiempo indefinido.
El ejecutivo se otorgó la facultad de establecer los regímenes de emergencia.
Los estados de Emergencia permitieron suspender casi todos los derechos de las personas y de la sociedad civil.
Artículo Nº 3:
“En situación de guerra externa podrá declararse el Estado de asamblea: en caso de guerra interna o de conmoción interior, el Estado de Sitio; en el de subversión latente, el estado de defensa en contra al subversión; y en el evento de calamidad pública, el estado de catástrofe”.
Artículo Nº6
“Por la declaración de estado de defensa contra la subversión, el Presidente de la República sólo podrá restringir la libertad personal, la de informar y el derecho de reunión. Si lo estimara indispensable para impedir la materialización de la subversión, podrá también suspender la libertad personal y el derecho de reunión; restringir la libertad de opinión y el derecho de asociación”.
3. La militarización del Estado y la Política
El “Consejo de Seguridad Nacional,” creado por la Constitución de 1980, y vigente aún en la década de los noventa, reúne a los jefes de las FF.AA. y de orden. Su misión es velar por la seguridad de la nación y de los ciudadanos ante cualquier amenaza que a juicio de ellos dañe “los intereses de la patria”.
La militarización del Estado durante la época de dictadura, se radicó en el despliegue y el control de las FF.AA. sobre el conjunto del aparato del Estado y la fusión total o parcial entre los aparatos represivos y otros aparatos de dominación política.
Esto significó control total sobre, por ejemplo, los municipios, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Frecuentemente, este control se realizó a través de la vigilancia de “colaboradores”, el amedrentamiento u otra medidas.
Cualquier oposición al régimen era considerada como una agresión a los intereses nacionales. Se reprimió fuertemente y sistemáticamente la disidencia, cuya expresión estaba fuera de la ley.
Se trasladaron concepciones y medidas del campo militar a la sociedad civil. Se construyó una visión jerarquizada de la sociedad, una visión autoritaria y supuestamente sin conflictos.
Otra medida que militarizó al Estado fue la predominancia de la justicia militar con amplio poderes por encima de la justicia ordinaria con fiscales militares que realizó juicios en contra opositores. (vaya a la seccion de la Corte Militar en la Pagina de Poder Judicial)
4. Hegemonía de los altos mandos de las FF.AA.
Se unificó y concentró el poder dentro de las FF.AA., permitiendo mayor cohesión interna, homogeneidad y línea de mando única. Fueron eliminados, de una forma u otra, militares disidentes que no apoyaron al golpe militar.
Hubo cambios en los procedimientos de ascenso y nombramientos a grados superiores. Predominaron nuevos criterios de cooptación dirigidos por un jefe supremo o juntas militares sobre los tradicionales procedimientos de ascenso por vía de estudios, concursos o méritos.
5. Exclusión de la sociedad civil
Se excluyó a la sociedad civil (el conjunto de instituciones y relaciones que personas, grupos o sectores sociales que se dan en el campo social, económico, político social y cultural, ya sea a nivel público o privado, pero externo al Estado), de la discusión y tomas de decisiones que históricamente le había correspondido.
El proceso de exclusión se agudizó por la imposición de modelos económicos y sociales que marginaron a grandes sectores de la sociedad. Esto se añadió a la política de desarmar y desmovilizar la actividad política y sindical de los movimientos sociales. (vaya a la sección Blancos de la Represión en página Víctimas)
Los militares chilenos decretaron la ilegalización y receso de los partidos políticos, las limitaciones a los derechos gremiales o sindicales y la supresión de la autonomía universitaria a través de la imposición de rectores y otros elegidos por los militares de los mandos militares o de sectores que apoyaban al régimen.
6. El rol del nuevo Estado en el área económica y social
Con la instauración del régimen militar se iniciaron las privatizaciones de las empresas estatales, y de los sectores que tradicionalmente estaban en las manos del estado, tales como la educación, la salud, la previsión y los servicios públicos.
La economía fue organizada en torno a la libre empresa, la libre competencia y la inversión privada extranjera. Se incentivaron las exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales hacia el extranjero.
Se redujo ayuda estatal a sectores productivos y de servicios que eran considerados no competitivos en el mercado.
Al concluir el régimen militar en Chile, según las estadísticas del Ministerio de Planificación Nacional, había 5 millones 212 mil personas viviendo en condiciones de pobreza, de esos, 739 mil eran indigentes, es decir, carecían de ingresos suficientes para adquirir la canasta mínima de alimentación de sobrevivencia.