Toda la Verdad
La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 25 de abril de 1990, fue una de las primeras resoluciones tomadas por el Presidente Patricio Aylwin en el ámbito de derechos humanos. Marcó un importante paso entre el primer gobierno democrático de transición y el régimen autoritario que rigió Chile durante los 17 años anteriores.
Por decreto del Ministro de Justicia, y para “clarificar toda la verdad acerca de las más graves violaciones a los derechos humanos”, se creó esta Comisión de ocho miembros, encabezada por el abogado Raúl Rettig. La creación de la Comisión provocó de inmediato las aprehensiones de las Fuerzas Armadas y de quienes las apoyaban.
“Queremos conocer toda la verdad”, insistió Sergio Onofre Jarpa, presidente del partido derechista Renovación Nacional y ex Ministro durante el régimen militar. Asimismo, otros partidos de derecha manifestaron sus dudas sobre la capacidad de la Comisión de mantener una “objetividad histórica”.
Las primeras tensiones se hicieron evidentes durante el primer mes de existencia de la Comisión, cuando el Mayor del Ejército, General Jorge Ballerino, bajo expresas órdenes de su Comandante en Jefe, Augusto Pinochet, visitó a Rettig para manifestarle la preocupación del Ejército de que el trabajo de la Comisión fuera utilizado por sectores políticos deseosos de desprestigiar a las Fuerzas Armadas y al Ejército en particular. El Ejército además advirtió, a través de Ballerino, que la Comisión podría eventualmente sobrepasar su misión legal al asumir un trabajo que propiamente pertenecía a la Corte.
El nuevo gobierno percibió estas advertencias del Ejército como un cuestionamiento indirecto a la autoridad del presidente de la nación. Aylwin citó al Comandante en jefe a una audiencia en La Moneda para que éste respondiera por su inaceptable intromisión en la esfera política.
Ante esto, Pinochet declaró su voluntad de cooperar, mientras el gobierno reiteró públicamente que la Comisión no tenía poderes judiciales en absoluto, y que entregaría directamente a las cortes los nombres de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos.
También expresaron sus dudas los familiares de las víctimas y grupos afines. A su juicio, la decisión de la Comisión de tratar “las más graves violaciones a los derechos humanos” – lo cual abarcaba solamente aquellas violaciones que terminaran en muerte – era demasiado limitado. Sin embargo, la inclusión de la Comisión de los casos de muertes o supuestas muertes a consecuencia de otras violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones ilegales, tortura y desaparición de personas, apaciguó hasta cierta medida las aprehensiones de este sector.
Los Testimonios
Una vez superado los obstáculos iniciales, la Comisión se preparó para la primera ronda de testimonios. Durante el mes de junio de 1990, miles de personas se presentaron a las oficinas santiaguinas de la Comisión, y muchas más lo hicieron entre julio y septiembre, cuando los representantes de la Comisión viajaron a las regiones. Al menos un miembro de la Comisión, además de un abogado, un asistente social y otro miembro de planta, estaba presente en cada entrevista, las que en promedio duraban alrededor de una hora.
La Comisión recibió listados de víctimas elaborados por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos, mientras la Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos, quienes llegaron juntos a las oficinas de la Comisión, relataron a los miembros de ésta las historias de sus hijos, esposos o padres. Sobrevivientes de la tortura y la detención se agruparon para documentar los crímenes cometidos en “La Venda Sexy”, Villa Grimaldi, Cuatro Alamos, Tejas Verdes, y otros centros de prisión y tortura. Estos hombres y mujeres – algunos de los cuales recordaban los nombres de sus torturadores y la suerte que corrieron compañeros de prisión desaparecidos – fueron importantes testigos. Otro testimonio clave sobre varios casos de detenidos-desaparecidos fue el de una informante arrepentida, la ex miembro del Partido Socialista Luz Arce Sandoval, quien después de sufrir graves torturas en 1974, se convirtió en colaboradora de la DINA, la policía secreta del régimen.
En tres ocasiones, el ex jefe de la DINA Manuel Contreras fue citado a declarar, declinando a hacerlo en cada ocasión.
Aunque la Comisión carecía de toda autoridad judicial, estaba investida del poder de acceder a documentos y récords. La Comisión requirió los certificados de nacimiento al Registro Civil para confirmar las identidades de las víctimas, así como certificados de defunción, en los casos de muertes registradas sin el conocimiento de la familia.
Sin embargo, los archivos de la CNI, policía secreta sucesora de la DINA, quedaron fuera del conocimiento público. Donde los testimonios involucraban a las Fuerzas Armadas, la Comisión solicitó la cooperación de las distintas ramas de la institución castrense para la revisión y confirmación de éstos. El informe señala que el Ejército eludió un tercio de las preguntas, mientras la Naval se mostró mucho más colaborativa, respondiendo cada una de las solicitudes. Todos ellos sin embargo, aduciendo razones legales o manifestando que los documentos habían sido incinerados o destruídos por un incendio, declinaron a entregar información.
En conjunto, la Comisión recogió, luego de revisar posibles duplicaciones o errores, más de 3,400 casos a investigar. Su catálogo, caso a caso, de violaciones a los derechos humanos, su análisis político de las circunstancias que condujeron a esos crímenes así como sus recomendaciones para la protección de los derechos humanos en el futuro, están contenidos en el documento de tres volúmenes y dos mil páginas, conocido como el Informe Rettig.
Según el Informe, al menos 2,025 personas sufrieron graves violaciones a los derechos humanos que resultaron en muerte a manos de agentes del Estado. De estas muertes, 957 corresponden a personas desaparecidas. La Comisión también encontró que otras 90 personas fueron asesinadas por civiles por motivos políticos y 164 más murieron a consecuencia de “la violencia política”.
Él hecho de que esta última categoría incluyera a personal militar, fue un tema polémico para grupos defensores de derechos humanos, quienes se suscribían a la definición tradicional de derechos humanos como protegidos por el estado y transgredidos sólo por agentes del estado.
Un pasado que separa
“Hagamos todo lo posible para sanar las heridas del pasado”, declaró el presidente Aylwin al presentar formalmente el informe a la nación el día 4 de marzo de 1991. Aylwin también pidió perdón a los familiares de las víctimas y llamó a los militares a hacer gestos de reconocimiento del dolor y sufrimiento inflingido.
Al mismo tiempo, Aylwin formuló un llamado a los chilenos a dejar atrás el pasado. “Muchos compatriotas creen que es hora de cerrar este capítulo. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia un futuro que nos una, en vez de al pasado que nos separa.”
Al concluir el discurso de Aylwin, cientos de chilenos se volcaron a marchar por las calles de Santiago para expresar su convicción de que los derechos humanos son todavía un asunto del presente. Entre los que marchaban se encontraba Carmen Gloria Quintana, portando un afiche de Rodrigo Rojas, muerto a consecuencia de las quemaduras provocadas a ambos, por la acción de una patrulla militar.
“El Informe no es sino un primer paso hacia el conocimiento de la verdad y la obtención de justicia … Una verdad que ha sido negada y distorsionada tantas veces en el pasado será de conocimiento público, y este es el momento para exigir justicia, juicio y castigo para los culpables”, dijo Quintana.
Al principio, las Fuerzas Armadas guardaron silencio. Su respuesta llegó a fines de Marzo en forma de un Informe de cuatro volúmenes, fruto de su propia investigación. Refiriéndose sólo a la “imperdonable falta de conocimiento de la Comisión, respecto de las reales causas que motivaron la acción de restauración nacional, iniciada el 11 de septiembre de 1973”, el informe reiteró su planteamiento de que la nación había estado al borde de una guerra y las fuerzas militares habían respondido a sus funciones para resguardar la paz.
En su única referencia a las violaciones a los derechos humanos enumerados por el Informe Rettig, el Ejército agregó, “la guerra siempre trae derramamiento de sangre y dolor, odio e injusticia…”
La Senadora del Partido por la Democracia Laura Soto, observó: “Este país no se va a reconciliar por obra de un decreto o de un Informe”.
Para leer el texto del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haga clic aquí.